Santo Domingo – El Senado de la República aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de modificación a la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. La nueva normativa contempla penas de hasta 25 años de prisión, además de sanciones económicas severas, con el objetivo de fortalecer la persecución y castigo de estos delitos en el país. La iniciativa fue aprobada a unanimidad por los senadores y busca endurecer el régimen sancionador contra quienes incurran en el tráfico de personas, así como contra los funcionarios públicos que faciliten o participen en estas actividades delictivas. Nuevas disposiciones clave: Se establece una pena base de 20 a 25 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes. Se agregan los párrafos 3 y 4 al artículo 3 de la ley, que contemplan multas de entre 700 y 10,000 salarios mínimos del sector público. El delito de trata de personas es declarado imprescriptible, lo que significa que no podrá extinguirse con el paso del tiempo. Se duplican las sanciones en casos de reincidencia: de 10 años a 20 años de cárcel. Durante el debate, los legisladores destacaron la importancia de robustecer el marco legal como parte de la lucha contra el crimen organizado y las redes de tráfico humano. Uno de los senadores explicó que, aunque algunos planteamientos fueron acogidos parcialmente, la reforma representa un avance importante:“Se ha hecho imprescriptible el delito de trata de personas, lo cual para mí es bastante bien. Lo que hemos hecho hoy es fortalecer esa política para procurar controlar lo que ocurre en nuestro país con este crimen”, expresó. El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, también endurece las sanciones contra cómplices y establece como agravante la participación de funcionarios públicos, incluyendo miembros de los poderes del Estado y autoridades locales. Adicionalmente, se informó que hay un segundo proyecto pendiente en el Congreso que propone modificaciones a la Ley de Migración, el cual contempla sanciones más estrictas para servidores públicos, como policías, militares y funcionarios que violen la normativa migratoria. “Vamos a ocuparnos de Haití, que ahora mismo es un problema muy serio. Vamos a ayudar a la República Dominicana”, añadió un legislador durante el debate. La pieza legislativa ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.