Ecuador desplegó 1.500 militares en la Amazonía, como respuesta a una emboscada atribuida a disidentes de las FARC, que dejó 11 soldados ecuatorianos muertos durante una operación contra la minería ilegal. Así lo informó el Ministerio de Defensa, detallando que las fuerzas especiales, inteligencia y unidades antiterroristas participan en esta operación de alto riesgo en la zona del Alto Punino, provincia de Orellana, fronteriza con Perú. Los uniformados fueron atacados el pasado viernes por el grupo armado Comandos de la Frontera, que se encuentra en diálogos de paz con el gobierno colombiano, pero opera de forma activa en territorio ecuatoriano. Los agresores utilizaron fusiles, granadas y explosivos para emboscar al escuadrón militar. En el enfrentamiento también murió un disidente identificado como alias “Compadre”, supuesto comandante de la organización criminal en Ecuador y encargado de actividades como minería ilegal y extorsión. El presidente Daniel Noboa declaró héroes nacionales a los soldados caídos y anunció una recompensa por información que lleve a los responsables del ataque. Además, el gobierno confirmó la colaboración de helicópteros de la Fuerza Aérea en las operaciones de búsqueda y captura de los responsables. La zona afectada, rica en recursos minerales, ha visto un aumento alarmante en la minería ilegal durante 2024. ONGs locales advierten que la actividad minera se ha cuadruplicado en la cuenca del río Punino, intensificando la presencia de grupos armados y el crimen organizado. En la región también operan peligrosas bandas ecuatorianas como Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones y la facción brasileña Comando Vermelho. El conflicto se enmarca en un contexto regional más amplio de violencia, donde Colombia, Ecuador y Perú forman un triángulo estratégico del narcotráfico hacia EE.UU. y Europa. La situación ha elevado las alertas de seguridad en toda la región amazónica. Las autoridades ecuatorianas han reforzado los controles en la frontera y mantienen coordinación directa con sus pares colombianos para frenar el avance de estas organizaciones armadas. Mientras tanto, las comunidades locales viven en zozobra ante la presencia de grupos irregulares que disputan el control de rutas ilegales y actividades extractivas, en una región donde la ausencia estatal ha sido históricamente aprovechada por el crimen organizado.